Airbnb, la web de alquiler de pisos turísticos, que se encuentra bajo la lupa de la Agencia Tributaria, opera en Europa a través de un complejo entramado societario en Jersey, un paraíso fiscal en el Canal de la Mancha bajo jurisdicción de la Corona británica.

La compañía factura sus ingresos en España y otros países de la Unión Europea a través de Irlanda, un país con baja tributación. No obstante, y de acuerdo con la documentación publicada en el Registro Mercantil de este país, Airbnb International, la cabecera del negocio, con sede en Dublín, está participada a su vez por dos sociedades registradas en Jersey.

Se trata, en concreto, de Airbnb International Holdings Limited y de Airbnb 1 Unlimited, que son propietarias cada una de 9.999 acciones y una acción, respectivamente. Pero la red no termina ahí. Como secretario de la firma irlandesa aparece, además, otra sociedad -Mournat Ozannes Secretaries-, que también se encuentra también en Jersey. Este territorio, de 116 kilómetros cuadrados, similar por ejemplo a la de la ciudad de Barcelona, está considerado el mayor refugio fiscal del mundo, según el Global Financial Centres Index, por encima de las Caimán o Islas Vírgenes Británicas.

Como administrador de la sociedad irlandesa figura además Christopher Lovell, que aparece también en otras 26 sociedades domiciliadas tanto en Jersey como en otros dos paraísos fiscales, las Islas Vírgenes y Malasia, que no tienen nada que ver en cualquier caso con Airbnb.

La plataforma se justifica

En un comunicado remitido a este periódico, la compañía asegura, sin embargo, que "cumplimos con las legislaciones y pagamos todos los impuestos que debemos en los lugares en los que operamos". La firma insiste, en esta misma línea, en que "cuando tomamos decisiones de negocio a largo plazo, actuamos teniendo en cuenta lo mejor para nuestra comunidad.", pero evita pronunciarse sobre la operativa diseñada para ahorrar la factura tributaria en el paraíso fiscal de Jersey.

De hecho, Airbnb se limita a decir que Christopher Lovell es un administrador externo y no un empleado de la empresa, insistiendo en que ninguna de las otras sociedades que administra tienen que ver con la plataforma de alquiler de pisos.

Airbnb, que gestiona más de 35.000 viviendas de alquiler para turistas en el país -14.855 en Barcelona, 11.272 en Mallorca, 7.446 en Madrid y el resto en otras ciudades y destinos- declaró un beneficio antes de impuestos en el ejercicio 2015, el último del que hay cifras disponibles, de únicamente 189.210 euros. Con ello pagó a la Agencia Tributaria solamente 81.285 euros por el impuesto de Sociedades. La razón está en que la filial en España -Airbnb Marketing Services- se dedica únicamente a prestar servicios de marketing, que factura a la sociedad irlandesa, con lo que los ingresos que declara aquí son imitados. En el último año sólo 2,62 millones.

Airbnb asegura, no obstante, que "paga todos los impuestos que debe en todos los lugares en los que opera" y "cuando tomamos decisiones de negocio a largo plazo, actuamos teniendo en cuenta lo mejor para nuestra comunidad". Además, la firma insiste en que ha llevado a cabo "actuaciones que facilitan que los anfitriones paguen todos los impuestos que deben"

El objeto social

La sociedad española se constituyó en julio de 2011 bajo la denominación de Airbnb Online Services. No obstante, en enero del pasado año, la matriz decidió cambiar su nombre "con la finalidad de evitar generar confusión en el mercado en relación con el objeto social y actividad de la compañía, que no está relacionada con la gestión de plataformas ni con la prestación de servicios online, sino, única y exclusivamente, con la prestación de servicios de marketing y análisis de mercados".

Esta denominación dista bastante, de hecho, de la actividad que la plataforma publicita, que no es otra que lo que se conoce como home sharing. Es decir, operar como intermediario entre particulares para compartir una vivienda, al más puro estilo BlaBlaCar.

Y a todo ello se suma el alquier de pisos sin licencia, que la plataforma hasta ahora no ha controlado, lo que ha provocado, por ejemplo, una guerra abierta con el Ayuntamiento de Barcelona. Esta misma semana, Airbnb, ha ofrecido a la alcaldesa Ala Colau retirar de su página en Internet todos los pisos que le indicara el consistorio. Eso sí, después de un duro enfrentamiento, en el que siempre había defendido su modelo de negocio. El Ayuntamiento la amenazaba con multarle con 600.000 euros si continuaba permitiendo que se publicitaran en su web alojamientos ilegales, que no tuvieran licencia de alquiler turístico. Todo después de que se conociera que se estaba utilizando la plataforma para realquilar de manera ilegal pisos a turistas.