Hace ya meses que los hoteleros barceloneses alertan sobre una caída de ocupación en sus establecimientos. La atribuyen, en parte, a los atentados yihadistas del pasado agosto. Y, de modo más sostenido, a los efectos colaterales de la inestabilidad política asociada al proceso independentista. Se trata de una queja gremial, pero que obviamente debe hacerse extensiva al negocio turístico en su conjunto. Estas alertas han sido recibidas con mayor o menor credulidad, e incluso con hostilidad, por criterios políticos que, por cierto, no son los más oportunos para valorar los indicadores económicos. Pero los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística no dejan ya lugar a dudas: en diciembre la llegada de turistas a Catalunya cayó un 13,9% respecto del mismo mes del año pasado.

Esta cifra podría ser relativizada, puesto que viene acompañada de otras, referidas al conjunto de España, que en términos globales son de signo positivo. España batió en el 2017, por quinto año consecutivo, el récord de turistas extranjeros: recibimos exactamente 81.786.364. Es decir, casi dos turistas por cada habitante de España. No fue esta la única cifra satisfactoria: los turistas se gastaron el año pasado en España 86.823 millones de euros, lo que constituye una cantidad muy considerable y, además, representa un incremento del 12,2% respecto al 2016.

Estos datos alentadores no deben ocultar, sin embargo, la caída catalana, que ha tenido tangibles efectos aquí y también sobre la contabilidad estatal. Tampoco puede relativizar esa caída el hecho de que Catalunya siga siendo el principal destino turístico en España (19 millones en total, con más de 19.000 millones de ingresos). Acaso porque la inercia turística es alta, y también favorable a nuestros intereses. Pero una caída del 13,9% del número de turistas como la registrada en diciembre en Catalunya, pese a no invertir un signo general positivo, es un toque de atención. El turismo se retrae ante la inestabilidad política; un turismo que es en España la primera industria, responsable de más del 11% del PIB, bien por delante del resto de sectores.

Hay distintos factores que contribuyen a modificar el flujo turístico con destino a España. Algunos, como los derivados de la recuperación de los países del norte africano, o de la contención que pueda despertar el Brexit entre los británicos al programar vacaciones, no pueden ser controlados desde aquí. Otros factores, por el contrario, sí dependen de nosotros. Y es preciso que todos trabajemos a una para preservar y, en la medida que se estime oportuno, aumentar dichos flujos.

En este contexto no debe respaldarse ninguna iniciativa turismofóbica, como las que se han prodigado, por ejemplo, en Barcelona. El turismo comporta incomodidades, algunas graves. Pero es también fuente de ingresos cuya repercusión, debidamente distribuida, debe beneficiar a todos. El Ayuntamiento de Barcelona dirigido por BComú, que inició su andadura con una política no precisamente empática con los intereses del sector, parece haberla corregido, y anuncia una ambiciosa promoción ciudadana que quiere hacer coincidir con la inminente nueva edición del Mobile World Congress. Esta es una iniciativa que aplaudimos. Pero que debe acompañarse, más allá de la publicidad, de una plena conciencia de los beneficios que nos depara el turismo, y una franca voluntad de mantenerlos e incrementarlos en beneficio de todos.