Entre los espacios que no gustaban al ayuntamiento de Ada Colau, el Port Olímpic ocupaba un lugar destacado. Glosaba todo lo que rechazan los 'comuns': explotación comercial, supuestos excesos nocturnos y turísticos, ocio low cost y poca participación municipal en la gestión. Por eso, en el 2016 ya se anunció que el Govern cedía las competencias de gestión al ayuntamiento de Barcelona, que tras trabajar con los actuales gestores, operadores, vecinos y entidades ha propuesto un plan de reestructuración que se basa en ganar espacio ciudadano, liquidar los 24 locales de copas y ocio, y en su lugar crear más recintos y negocios vinculados a la náutica y su difusión. La factura ascenderá a 39 millones de euros que se autofinanciarán con la comercialización de los locales y los amarres. El nuevo Port se estrenará, según  los planes municipales, en el 2022.

La alcaldesa ha presentado es martes a lo grande el futuro plan para este privilegiado legado postolímpico, con el objetivo de reconducirlo hacia el "uso vecinal y ciudadano". Un espacio que inicialmente se puso de moda y se convirtió en reclamo nocturno para locales y turistas, con lucrativos resultados para sus operadores, pero que con el tiempo degeneró hasta una oferta lúdica de bajo perfil, donde han tenido lugar numerosos altercados e incidentes. Incluso mortales.